Investigan contrataciones en Alto Paraguay.
CRITICA DE PUERTO ELSA.- La Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas ordenó la apertura del procedimiento de investigación de dos
licitaciones supuestamente irregulares por parte de la Gobernación de Alto
Paraguay, para la compra de una planta purificadora de agua y de combustibles.
La investigación de dos licitaciones iniciada por Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas este martes es por la adquisición de una
planta purificadora de agua adjudicada a una casa de lubricantes y la compra de
combustible de una empresa que se encuentra inhabilitada por la Gobernación de
Alto Paraguay.
Por medio de la Resolución 2772/20, se ordenó la apertura del
procedimiento de investigación de oficio y se designó a Gabriela Santacruz como
funcionaria responsable de sustanciar el procedimiento que se conoció por medio
de las publicaciones del diario Última Hora.
Se trata de una aparente licitación dirigida registrada con el
contrato ID353695, de la Gobernación de Alto Paraguay, en la que una casa de
lubricantes fue adjudicada curiosamente para la venta de una planta
purificadora de agua, por valor de G. 800 millones.
En el proceso salta que un funcionario de nombre Claudio
Castillo Aguilera, de RRHH de la Gobernación, integró el comité de evaluación
del contrato del que resultó beneficiada la empresa Caval SA, representada por
Sergio Castillo, su hijo.
La empresa no tendría experiencia en este tipo de provisiones,
más aún cuando que el proveedor e hijo del miembro del gabinete del gobernador,
José Adorno, es un joven de corta edad.
Asimismo, fue emitida la Resolución 2861/20, por la cual se
designa a Javier Garay como investigador de otra compra de la Gobernación de
Alto Paraguay en la que también hay serios indicios de irregularidades.
La compra de combustible es por valor superior a G. 660 millones
en plena pandemia. El Ejecutivo departamental rubricó con la firma RDS SA, de
Eligio Benegas, el contrato de compra de combustibles, pese a que la empresa se
encuentra inhabilitada.
Datos proveídos desde las oficinas de Industria y Comercio dan
cuenta de que la empresa, tras dos fiscalizaciones, ya no debía operar desde el
mes de marzo.
Según el informe, RDS SA no compró combustible de la distribuidora
por más de 90 días, de acuerdo con lo corroborado tras la primera fiscalización
del 10 de marzo de 2020.
La segunda fiscalización del 10 de junio arrojó finalmente la
cancelación con dictamen de Asuntos Legales, el 29 de junio.
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